La tarde cae silenciosa sobre Granada, pero para ciertos agentes de la Policía Local no existe ni un minuto rutinario. Mientras la ciudad recoge su ajetreo diario, dos policías de paisano arrancan el coche con una misión muy concreta: combatir el incivismo y cualquier forma de maltrato animal que se cruce en su camino. No llevan uniforme visible, se confunden con el resto de viandantes, pero van siempre alerta, preparados para sacar la placa en cuanto detectan la más mínima irregularidad.
Estos funcionarios forman parte de una nueva forma de entender la protección animal en las ciudades: unidades especializadas, pegadas a los barrios, que atienden desde quejas por perros sueltos o excrementos en la calle hasta casos graves de abandono, hacinamiento o deficiencias sanitarias. Su día a día combina la investigación sobre el terreno, la mediación con los dueños y la tramitación de denuncias que pueden derivar en fuertes sanciones económicas.
La patrulla contra el incivismo y el maltrato animal en Granada
En Granada, la Unidad de Bienestar Animal y Comportamientos Incívicos ha supuesto un antes y un después en la forma de afrontar los problemas relacionados con mascotas y convivencia. Dos agentes, Antonio Raya y Ambrosio Rodríguez, recorren la ciudad a pie y en coche, muchas veces vestidos de calle, para no levantar sospechas y poder observar de primera mano comportamientos que, con un uniforme visible, quizá no se mostrarían con tanta claridad.
Su objetivo inmediato es controlar conductas incívicas de los propietarios de perros: animales sueltos en zonas no permitidas, molestias a otros usuarios de parques y plazas, y, cómo no, la eterna batalla contra quienes dejan los excrementos en la vía pública. Pero su trabajo no se queda ahí. Detrás de muchas de estas conductas se esconden situaciones de desatención, falta de cuidados básicos o entornos insalubres para los animales, lo que obliga a estos agentes a ir un paso más allá y evaluar el bienestar real de cada mascota implicada.
La patrulla actúa como una especie de “guardianes invisibles” del bienestar animal. Se mezclan con la gente, observan cómo se relacionan las personas con sus mascotas y reaccionan en cuanto notan algo extraño: un perro demasiado delgado, un comportamiento de miedo, un ladrido desesperado detrás de una puerta o un balcón lleno de orines que gotean hacia la calle. Todo puede ser una señal de alarma.
Cuando identifican una infracción clara, los agentes se acercan y se presentan: «Hola, Policía Local», dicen mientras enseñan la placa. A partir de ahí, comienza un trabajo que combina explicación, advertencia y, si hace falta, denuncia. Siempre procuran que el dueño entienda por qué su conducta es problemática, tanto para el animal como para la convivencia vecinal, pero no dudan en tramitar sanciones cuando el caso lo requiere.
En muchas ocasiones, son los propios vecinos quienes encienden la mecha de una actuación. Llamadas al teléfono 092 o avisos a la unidad de Policía de Barrio permiten que esta patrulla tenga información muy precisa de zonas conflictivas o de domicilios donde se sospecha que puede haber animales en malas condiciones. Gracias a esa colaboración ciudadana, los agentes pueden planificar visitas y seguimientos en puntos concretos de la ciudad.
Un perro encerrado durante años en un antiguo bar
Uno de los casos más duros que afronta esta patrulla en Granada llega tras la denuncia de varios vecinos. En un antiguo bar cerrado desde hace años, alguien mantiene a un perro en el interior del local desde hace muchísimo tiempo. Los vecinos llevan tiempo escuchando al animal y percibiendo olores desagradables, así que deciden avisar a la Policía Local.
En una primera visita, los agentes solo pueden observar desde el exterior, pero ya intuyen que el perro no está bien atendido. Contactan con el propietario del animal, un hombre mayor, que accede a quedar con ellos y a mostrar tanto el establecimiento como al propio perro. Cuando la patrulla regresa, encuentran al dueño en la puerta del antiguo bar, con el animal fuera, preparado para que lo examinen.
Tras comprobar la identificación, los agentes verifican que el perro tiene chip, pero detectan un importante incumplimiento sanitario: lleva varios años sin la vacuna obligatoria de la rabia. Concretamente, el animal no está vacunado desde 2022, por lo que le faltan varios años seguidos de inmunización. El propietario intenta justificar la situación alegando problemas de salud personales, como un infarto que habría dificultado el control del animal, pero la patrulla debe atender al riesgo que esto supone para la salud pública y para el propio perro.
El momento más impactante llega al abrir la puerta del local. Nada más girar las bisagras, un olor insoportable, mezcla de orina, heces y suciedad acumulada, invade el ambiente. En el suelo se aprecian restos de excrementos de rata, zonas húmedas que el dueño ha intentado limpiar a última hora, y marcas de orina incrustadas en las juntas de las baldosas. Aunque se ha hecho un esfuerzo por fregar y ventilar, las condiciones siguen siendo claramente inadecuadas para que un perro viva allí.
Uno de los agentes se fija en un cristal de la puerta principal con un pequeño roto, rodeado de pelos pegados al vidrio. Esa combinación les hace sospechar que el perro, desesperado, ha podido rascar y empujar la puerta en busca de ayuda, provocándose incluso heridas en la trufa o en el hocico al intentar salir. Para los policías, todo apunta a una situación prolongada de encierro y estrés para el animal, que no ha tenido el entorno, ni la higiene, ni la estimulación que necesita.
Ante este panorama, los agentes explican con claridad al propietario que no puede seguir teniendo al perro en ese local. Le informan de que notificarán el caso a los servicios sanitarios municipales y al veterinario del Ayuntamiento, y que se va a tramitar la correspondiente denuncia por la falta de vacunación de la rabia. Además, intentan convencer al hombre de que lo mejor para todos es buscar a otra persona o familia que pueda ofrecer mejores condiciones al animal.
El dueño, algo abrumado, comenta la posibilidad de vender el perro o entregarlo a algún conocido, mientras los agentes marcan un plazo: a finales de la semana siguiente volverán a pasar por allí para comprobar si la situación ha cambiado. La actuación no acaba cuando cierran la puerta; empieza un seguimiento que puede desembocar en nuevas medidas si el animal continúa en un lugar inadecuado.
Cuatro perros grandes en un piso saturado
Sin tiempo para redactar un informe completo, la patrulla se dirige a otro aviso ciudadano. Esta vez, las quejas proceden de un bloque de viviendas donde un joven convive en su piso con cuatro o cinco perros grandes. Los vecinos aseguran que los animales orinan en el interior y que los líquidos acaban chorreando por los balcones hacia las viviendas inferiores, además de soportar ladridos y malos olores.
Al llegar al edificio, los agentes ya perciben señales de alarma: ventanas cubiertas con plásticos y cartones, lo que puede indicar intentos de ocultar el interior o de contener olores. Llaman a la puerta y se identifican: «Mira, Policía», dice uno de ellos, explicando al joven que hay quejas en la comunidad, sobre todo relacionadas con sus perros.
El chico reconoce que tiene cuatro perros en el domicilio, pero empieza a dudar cuando le preguntan por la identificación con microchip. Finalmente admite que solo dos de ellos lo tienen, mientras que los otros dos no están correctamente registrados. En Granada, además, existe una limitación: la normativa municipal no permite tener más de tres perros en una misma vivienda, salvo casos muy concretos, por lo que la patrulla ya detecta una infracción adicional.
Al cruzar el umbral, los policías se encuentran con un escenario de desorden generalizado. En el recibidor se acumula una montaña de bolsas, enseres y objetos apilados sin orden, de entre los cuales se asoma un dogo que se acerca pausadamente. Mientras uno de los agentes comprueba el chip del animal, el otro continúa avanzando por la vivienda y alcanza la cocina, casi oculta por cajas, botes vacíos, basura y utensilios sucios que saturan el espacio.
En una zona de lavadero, reducida y poco adecuada para animales activos, dos pastores belgas malinois observan inquietos, ladrando y mostrando un nerviosismo evidente. El joven explica que la cachorra está a punto de cumplir siete meses y el macho ronda el año de edad, es decir, son perros jóvenes, con mucha energía, que necesitan ejercicio, estimulación mental y un espacio digno para moverse con libertad.
Al preguntar por el origen de estos perros, el chico alega que son animales “de rescate”, pero uno de los agentes le aclara que los rescates gestionados por protectoras y entidades serias se entregan con chip, vacunación al día y documentación en regla. La versión del joven se tambalea y finalmente confiesa que proceden de una persona que los “regalaba”, sin los controles ni las garantías habituales.
Queda aún por revisar otra habitación. Al abrirla, los agentes se topan con un olor intenso a orina y a animal sin bañar desde hace tiempo. Entre muebles destrozados y restos de suciedad, aparece un mastín de gran tamaño, de carácter dócil, que saluda con mansedumbre. Uno de los policías se percata de que el perro está algo delgado para su complexión, lo que refuerza la idea de que las condiciones no son las adecuadas para un animal así en un piso tan saturado.
La patrulla le expone la situación al joven con claridad: tiene cuatro perros cuando la ordenanza limita a tres, varios de ellos sin chip, y las condiciones de higiene y espacio no son aceptables. La combinación de animales grandes, falta de control sanitario, desorden y filtraciones de orines hacia otras viviendas supone un problema tanto de bienestar animal como de convivencia con los vecinos.
Ante la gravedad del caso, los agentes deciden contactar con el servicio de recogida de animales, la conocida “perrera”, para retirar al menos parte de los perros. Inicialmente solicitan la retirada de uno, pero, tras valorar la situación en su conjunto, se concluye que lo más adecuado es pedir la retirada de varios animales. El joven, sorprendido y algo desbordado, asiste a la decisión mientras los agentes gestionan el dispositivo necesario para el traslado.
Cuando termina esta intervención, no finaliza su turno. Los policías vuelven al coche y se dirigen a un parque de la ciudad. Allí, de nuevo vestidos de paisano, se mezclan entre familias, deportistas y paseantes con perros. Su misión se mantiene: detectar y corregir cualquier situación que ponga en peligro el bienestar de los animales o moleste gravemente al resto de ciudadanos. Siempre que actúan, tratan de que el resultado sea la restitución de una convivencia adecuada y una mejora real de la vida de los animales afectados.
La patrulla de Bienestar Animal en Granada: datos, sanciones y marco legal
La ciudad de Granada ha apostado de forma decidida por una patrulla específica de Bienestar Animal dentro de la Policía Local, integrada en la unidad de Policía de Barrio. Desde su puesta en marcha el 9 de febrero, este equipo ha realizado 229 actuaciones repartidas por todos los distritos, un volumen significativo para un servicio tan reciente.
La concejala Ana Agudo, responsable de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, ha subrayado que el balance de estos primeros meses es muy positivo. Para el Ayuntamiento, la creación de esta patrulla da respuesta a una demanda reiterada de la ciudadanía en las Juntas Municipales de Distrito, donde se venían repitiendo quejas sobre perros sueltos, excrementos en la vía pública y animales en malas condiciones o directamente abandonados.
La mayor parte de las intervenciones se ha producido en calles, plazas y parques. Concretamente, se contabilizan 65 actuaciones en vías y plazas públicas y 47 en zonas verdes, donde se concentran muchos de los problemas de convivencia entre usuarios y propietarios de animales. Estas tareas no se desarrollan al azar: la patrulla planifica su actividad en función de los puntos que los vecinos señalan como conflictivos a través de la Policía de Barrio o del teléfono 092.
Además, la unidad ha intervenido en 23 casos de perros sueltos donde la normativa exigía llevarlos atados, 21 actuaciones centradas en la identificación (chips y documentación) y 15 controles relacionados con la vacunación sanitaria, especialmente de la rabia. Otro bloque importante de intervenciones se relaciona con los excrementos caninos: 12 actuaciones específicas por no recoger las heces, consideradas una infracción incívica que afecta directamente a la limpieza y a la imagen de la ciudad.
Este servicio no se limita al ámbito estrictamente animal. En varias actuaciones, la patrulla ha detectado delitos contra el medio ambiente, como vertidos irregulares o depósitos ilegales de basura, y ha procedido a denunciar a los responsables. También ha participado en rescates de perros en malas condiciones y en la retirada de animales muertos, tareas que requieren coordinación con otros servicios municipales como limpieza, sanidad o medio ambiente.
Los agentes, además de intervenir sobre el terreno, redactan informes de seguimiento para aquellos casos que deben remitirse a otras áreas del Ayuntamiento o a otras administraciones. Estos documentos son fundamentales cuando un posible maltrato o una situación de riesgo para la salud pública requiere la intervención de servicios veterinarios, servicios sociales o incluso de la autoridad judicial.
Las sanciones económicas por conductas incívicas o infracciones leves relacionadas con animales pueden llegar hasta los 750 euros. Las normas aplicadas proceden sobre todo de la Ordenanza Municipal de la Convivencia, la Ordenanza de Limpieza Viaria y la Ordenanza de Tenencia de Animales. Todo ello se complementa con la legislación autonómica y estatal en materia de bienestar y protección animal, que prevé sanciones más elevadas para casos de maltrato grave o abandono.
Para la concejala, la presencia de esta patrulla específica en los barrios permite que la Policía Local actúe con más rapidez y eficacia frente a conductas que antes quedaban, muchas veces, sin respuesta o se resolvían con dificultad. Según apunta, muchas de estas conductas se repiten en el tiempo y generan tensiones constantes entre vecinos, por lo que contar con un servicio dedicado en exclusiva a este tipo de problemáticas facilita que los conflictos se reduzcan y que se respeten mejor las normas.
Patrullas verdes y protección animal en otros municipios
El modelo de patrullas especializadas en bienestar animal y medio ambiente no se limita a Granada. En Ronda (Málaga), por ejemplo, funciona desde hace años la llamada “Patrulla Verde”, muy conocida por la población. Esta unidad recibe con frecuencia avisos sobre perros abandonados en fincas y caminos rurales, donde el problema del abandono sigue siendo especialmente grave.
En uno de sus servicios habituales, la patrulla es alertada por los responsables de una finca, que detectan un perro merodeando por la zona desde hace días sin que nadie lo reclame. Estos animales suelen deambular desorientados, en busca de comida y refugio, y pueden verse implicados en accidentes o en situaciones de riesgo tanto para ellos como para las personas.
Cuando la Patrulla Verde localiza al perro, lo primero que hace es comprobar si lleva algún tipo de identificación visible o microchip. Si el animal carece de collar con datos de contacto y no se detecta chip mediante el lector correspondiente, los agentes gestionan su traslado a una protectora o sociedad de bienestar animal de la zona, con la esperanza de que pueda ser adoptado más adelante.
Mientras se tramita su ingreso en la protectora, la patrulla inicia la búsqueda del responsable. El abandono de animales conlleva sanciones muy elevadas, que pueden alcanzar miles de euros de multa en función de la normativa autonómica aplicable y de la gravedad de los hechos. Además, el abandono se considera una forma de maltrato, ya que deja al animal a su suerte, sin alimento, sin atención veterinaria y expuesto a todo tipo de peligros.
En otra intervención documentada, esta patrulla acude a una finca ganadera que denuncia ataques a sus ovejas por parte de perros grandes. El resultado, al menos en uno de los episodios, es la muerte de una oveja y otra que queda gravemente herida. Los agentes analizan el lugar de los hechos, los posibles accesos y el tipo de heridas sufridas por el ganado para tratar de identificar a los canes responsables.
La investigación incluye hablar con los propietarios de fincas cercanas, revisar posibles denuncias anteriores y anticipar el riesgo de que los perros vuelvan a atacar, ya que, si han encontrado un rebaño vulnerable, es muy probable que repitan su conducta. Este tipo de actuaciones no se centra solo en el bienestar de los animales implicados, sino también en la protección de la actividad ganadera y en la convivencia entre distintos usos del territorio rural.
En paralelo a estas patrullas, en Andalucía se están desarrollando iniciativas novedosas de “patrullas caninas” en el entorno de la Justicia. Un proyecto piloto prevé que perros especialmente adiestrados acompañen a víctimas vulnerables en los juzgados, con el objetivo de reducir el estrés y la ansiedad durante declaraciones y juicios. Esta medida, enmarcada en los planes de humanización de la Justicia, no es una patrulla policial al uso, pero refleja hasta qué punto se está valorando el papel de los perros en ámbitos sensibles para las personas.
Estas experiencias demuestran que la protección animal y la atención a la ciudadanía pueden ir de la mano, ya sea a través de unidades policiales centradas en el bienestar animal y el medio ambiente o mediante programas de apoyo emocional con perros en entornos judiciales. Todo ello ayuda a sensibilizar a la población sobre la importancia de tratar a los animales como seres sintientes y no como simples objetos prescindibles.
Con este tipo de servicios, muchas ciudades y municipios andaluces están dando pasos firmes hacia un modelo donde el cuidado de los animales, la limpieza viaria, la convivencia y también la protección del medio ambiente se gestionan de forma más profesional, cercana y coordinada. Al final, la presencia de patrullas contra el incivismo y el maltrato animal no solo reduce infracciones o sanciona malos comportamientos, sino que también fomenta una cultura de respeto y responsabilidad compartida entre todos los vecinos.
Todo este entramado de actuaciones, datos y ejemplos dibuja un panorama en el que las patrullas especializadas se han convertido en una herramienta clave para vigilar, educar y, cuando es necesario, sancionar, garantizando que los animales reciban un trato digno y que la convivencia en calles, plazas, parques y fincas sea un poco más justa para todos, humanos y no humanos.
