Las trabajadoras del hogar vuelven a situarse en el centro del debate social con motivo del Día Internacional que se celebra el 30 de marzo. En distintas ciudades de España, especialmente en Castilla y León y Aragón, organizaciones sociales y administraciones públicas han salido a la calle para recordar que quienes limpian casas, cuidan de mayores y menores o atienden tareas domésticas realizan una profesión esencial que aún arrastra precariedad, economía sumergida y falta de reconocimiento.
Al mismo tiempo que se subrayan los avances de los últimos años —como el acceso a la protección por desempleo o la mejora de las cotizaciones—, las entidades que acompañan a este colectivo advierten de que la equiparación plena de derechos sigue siendo una asignatura pendiente. La realidad que se describe desde Cáritas, ayuntamientos y plataformas por el empleo del hogar dibuja un sector claramente feminizado, con una presencia muy alta de mujeres migrantes, muchas en situación administrativa irregular, y con especial vulnerabilidad en el caso de las trabajadoras internas.
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En Zaragoza, el Ayuntamiento se ha sumado al Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar con la campaña de concienciación “Cuidar”, visible estos días en calles y autobuses urbanos. Bajo el lema “Respeta los derechos laborales de las profesionales del hogar y de los cuidados”, la iniciativa persigue informar a la ciudadanía sobre los derechos laborales de quienes trabajan en las labores domésticas y en la atención a personas dependientes.
El consistorio recuerda que el trabajo doméstico engloba tareas muy diversas: limpieza, mantenimiento de la vivienda, cuidado de personas mayores o menores, elaboración de comidas, planchado y arreglo de ropa, entre otras muchas. La concejal de Igualdad y consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, subraya que estas personas “cuidan de las familias y sostienen los hogares”, desempeñando una función que consideran imprescindible para el funcionamiento cotidiano de la sociedad.
Con esta campaña, el Ayuntamiento de Zaragoza hace un llamamiento explícito a que la ciudadanía reconozca el valor social y laboral de las profesionales del hogar y se asegure de que la contratación se realiza de forma legal, con alta en la Seguridad Social y con todas las garantías exigidas para cualquier otro empleo.
Además de la campaña visual, el consistorio ha programado para el 10 de abril una jornada titulada “La mercantilización del empleo de hogar”, moderada por la socióloga Ana Lucía Hernández Cordero. En ella, la profesora asociada de la Universidad de Zaragoza, Sofía Jiménez, abordará las transformaciones del trabajo doméstico y de cuidados en la economía digital, mientras que la investigadora Gabriela Poblet presentará el libro “Criadas de la globalización: servicio de hogar, género y migraciones contemporáneas”.
Todo ello se enmarca en un contexto en el que, pese a las reformas legales, la precariedad y la economía sumergida continúan muy presentes en este ámbito, que además es “profundamente feminizado”. El 95% de las personas afiliadas al Sistema Especial de Empleadas del Hogar de la Seguridad Social son mujeres y en torno al 45% son extranjeras, lo que convierte a este sector en el de mayor presencia de mujeres migrantes dentro del mercado laboral español.
Las estadísticas de afiliación y de ocupación reflejan una brecha significativa entre el trabajo declarado y el real. En enero de 2025 había algo más de 350.000 personas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadoras del Hogar, la cifra más baja desde la creación de este sistema en 2012. Sin embargo, la Encuesta de Población Activa del INE apunta a unas 568.000 mujeres que declaran trabajar como empleadas domésticas. Esa diferencia, superior al 38%, sugiere que más de 200.000 trabajadoras del hogar continúan sin contrato ni protección social básica.
Detrás de estos números hay historias personales marcadas por la vulnerabilidad. Estefany, Yuri, Wendi o Alicia, cuyos testimonios se han compartido en actos públicos y encuentros organizados por Cáritas, ponen voz a un colectivo que reclama algo tan básico como contratos en los que se respeten las horas reales de trabajo y un trato digno dentro de los hogares donde prestan sus servicios.
Según recuerdan estas organizaciones, aproximadamente el 95% de las personas que se dedican al empleo doméstico son mujeres, y alrededor de la mitad son extranjeras con situación regularizada, aunque todavía hay muchas que siguen sin papeles. Esta combinación de género, origen y, en algunos casos, irregularidad administrativa incrementa el riesgo de explotación y limita la capacidad de reclamar derechos.
Es el caso de mujeres como Yuri Arias, víctima del conflicto armado en Colombia, que tras seis meses en España logró regularizar su situación y acudir a Cáritas para formarse. Relata que sus primeros trabajos en Burgos se caracterizaron por jornadas superiores a ocho horas a cambio de una remuneración mínima. Solo después de un tiempo consiguió un empleo con una familia que respeta sus horarios y sus derechos. Experiencias similares se repiten en muchas provincias, como ilustra el caso de Wendi Raquel Núñez, que llegó a Zamora hace un año y todavía tiene dificultades para encontrar un contrato estable.
En este escenario, el 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, se ha consolidado como una fecha clave para que organizaciones sociales, sindicatos, plataformas ciudadanas y administraciones reclamen la dignificación del sector, recordando que, sin este trabajo, sería muy difícil sostener el sistema de cuidados y la conciliación de miles de familias.
Movilizaciones y actos en Castilla y León
En Castilla y León, la red autonómica de Cáritas y otras entidades han programado diversas concentraciones, círculos de silencio y actos de sensibilización para visibilizar la situación del empleo de hogar. En Burgos, Aranda de Duero y Briviesca se han convocado concentraciones simultáneas en plazas céntricas, donde se leen manifiestos y se recogen testimonios de trabajadoras.
Las movilizaciones, impulsadas bajo lemas como “Tu hogar, su profesión” o “Es un trabajo, no un favor”, insisten en una idea central: el empleo doméstico es una profesión con derechos, no una ayuda informal ni un favor personal. A través de manifiestos autonómicos, se recuerdan los avances conseguidos, entre ellos la protección por desempleo, la desaparición del desistimiento como fórmula de despido sin justificación, la obligación de preaviso y la inclusión en la prevención de riesgos laborales, así como la subida del salario mínimo.
Sin embargo, las entidades recalcan que la equiparación plena con el resto de sectores laborales todavía no se ha alcanzado. Siguen detectándose contratos inexistentes, jornadas que exceden lo pactado, salarios por debajo de lo legal y lagunas en la protección social, especialmente para las trabajadoras internas que residen en el hogar donde trabajan.
Cáritas Bierzo, por ejemplo, reconoce que en los últimos años se han producido mejoras notables en las condiciones de muchas mujeres dedicadas al trabajo doméstico, pero subraya que aún quedan “nuevos retos por delante”. Solo en Ponferrada, la entidad facilitó 17 contrataciones en el año anterior y ya suma varias en el actual, la mayoría para mujeres inmigrantes que, en ocasiones, llegan en situación irregular y se enfrentan a abusos laborales.
Desde Cáritas Diocesana de Astorga se incide en que las empleadas del hogar continúan expuestas a abuso, precariedad y falta de protección. Por eso reclaman la implicación conjunta de administraciones, empleadores y sociedad en general, con el objetivo de reconocer el valor del trabajo doméstico y promover condiciones dignas.
En la diócesis de Palencia, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha dedicado sus Círculos de Silencio de marzo a las trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres de origen extranjero que sufren precariedad y ausencia de protección social. Durante un acto público en la Calle Mayor se da lectura a un manifiesto que destaca que, pese a los derechos conquistados, la economía sumergida y la falta de reconocimiento siguen afectando profundamente al sector.
En Salamanca, la Plataforma de Entidades por el Empleo y la Mesa por el Empleo del Hogar, que reúne a sindicatos y ONG, ha organizado una merienda intercultural y una marcha de delantales como espacios de encuentro entre trabajadoras, entidades y ciudadanía. La marcha culmina en una concentración donde se lee un manifiesto con reivindicaciones similares a las del resto de la comunidad.
Portavoces como Concha Llorente, de la HOAC de Salamanca, señalan que las trabajadoras internas continúan viviendo situaciones en las que la jornada parece no terminar nunca. Muchas cuidan de personas dependientes en un contexto de aislamiento, con escaso descanso y sin una clara separación entre vida laboral y personal, lo que dificulta el ejercicio básico de derechos.
Precariedad, economía sumergida y empleo interno
Una de las quejas más repetidas en los diferentes actos es la persistencia de la economía sumergida. En Zamora, por ejemplo, Cáritas Diocesana estima que de las más de mil personas que trabajan en el empleo doméstico, alrededor del 70% lo hace sin contrato, un porcentaje que evidencia la normalización de la irregularidad en este ámbito.
La secretaria general de la entidad, Beatriz Carracedo, recuerda que el lema “Tu hogar, su profesión” busca poner el foco en que este trabajo no es una ayuda ocasional ni un favor personal, sino un empleo que debe cumplir la ley. Según explican desde la organización, muchas familias se plantean si formalizar o no el contrato, algo que no ocurre en otros sectores y que refleja una percepción distorsionada del trabajo en los hogares.
La directora del Programa de Empleo de Cáritas Zamora, María León Gabo, apunta que los cambios legislativos recientes todavía no se han traducido plenamente en mejoras cotidianas. Siguen detectándose casos sin cotización a la Seguridad Social, sin evaluación de riesgos laborales y con horarios, descansos y funciones que no se ajustan a lo pactado o a lo que marca la normativa.
Las dificultades son especialmente intensas en el caso de las trabajadoras internas, para quienes el lugar de trabajo y el de residencia coinciden. En muchos hogares no se respetan los tiempos de descanso ni el derecho a desconectar, a pesar de que la ley lo contempla. Además, persisten tensiones derivadas de la convivencia, el uso de espacios comunes o la falta de intimidad.
Entidades como Cáritas o la HOAC insisten en que muchas de estas mujeres viven “prácticamente secuestradas por jornadas interminables”, con responsabilidades muy elevadas en el cuidado de personas dependientes y sin redes sociales cercanas, sobre todo en el medio rural o en municipios pequeños donde el aislamiento es mayor.
En ciudades como Ávila, el coordinador de empleo de Cáritas Diocesana, Jesús Gil Martín, recuerda que estamos ante un colectivo muy feminizado, con un 90% de mujeres, mayoritariamente de entre 35 y 55 años, y aproximadamente la mitad de ellas migrantes. Muchas trabajan en pueblos con muy pocos vecinos, lo que complica aún más su sociabilidad y la posibilidad de organizarse para reclamar derechos.
Migración, género y reconocimiento social
Los datos laborales manejados por las diferentes diócesis de Cáritas en Castilla y León coinciden en un diagnóstico: la mayoría de las personas empleadas en el hogar y los cuidados son mujeres migrantes. Se calcula que alrededor del 45% de quienes se dedican a este sector en España son de origen extranjero, y en muchas provincias se supera el 50%.
Esta realidad genera una doble discriminación: por un lado, la que afecta a las mujeres en el mercado laboral; por otro, la asociada al origen migrante y, en numerosos casos, a la irregularidad administrativa. Esta combinación se traduce en salarios bajos, empleo inestable, dificultades para acceder a prestaciones y múltiples riesgos de abuso.
Las organizaciones sociales recalcan que cerca de una de cada diez personas empleadas en el hogar se encuentra en situaciones vinculadas a la exclusión social. Se trata de mujeres que, además de soportar condiciones laborales precarias, lidian con trabas en el acceso a la vivienda, la sanidad o la regularización de su situación en España.
En actos celebrados en Ponferrada, Ciudad Rodrigo o Zamora se ha insistido en que la sociedad no puede seguir apoyando el sistema de cuidados sobre la base de la precariedad. Sin el trabajo de estas profesionales, afirman, muchas familias tendrían dificultades para conciliar, y una parte importante de las personas mayores o dependientes no recibirían la atención que necesitan.
Cáritas recuerda que su labor de inserción laboral ha permitido la firma de decenas de contratos en el sector del hogar en diferentes territorios, pero advierte que no basta con colocar a las trabajadoras: también es necesario un cambio cultural que pase por reconocer que la limpieza, el cuidado de personas, la preparación de comidas o la organización de la casa son tareas que requieren profesionalidad y deben retribuirse y regularse como en cualquier otro empleo.
Reivindicaciones al Estado, empleadores y sociedad
Los manifiestos leídos estos días comparten una serie de reivindicaciones dirigidas a distintas instancias. En primer lugar, reclaman al Estado que garantice el acceso a los cuidados para las familias que lo necesiten, a través de medidas de apoyo a la contratación legal y de una regulación clara y valiente del trabajo en el hogar, especialmente del empleo interno.
También se solicita a las administraciones públicas una legislación sin lagunas, que termine de equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar con los de cualquier otro sector. Las organizaciones insisten en que las normas deben concretar mejor aspectos como el descanso, la prevención de riesgos laborales o las condiciones de despido, y que es necesario reforzar la inspección para combatir la economía sumergida.
En segundo lugar, los manifiestos apelan directamente a los empleadores, a quienes piden que ofrezcan condiciones decentes y contratos ajustados a la ley, sin recurrir a acuerdos informales ni perpetuar situaciones de explotación. Se les recuerda que pagar lo que corresponde, respetar horarios y reconocer vacaciones y descansos forma parte de sus obligaciones, igual que en cualquier relación laboral.
La sociedad en su conjunto también es interpelada. Cáritas y otras entidades animan a reconocer el valor de este trabajo, a visibilizar buenas prácticas y a denunciar los abusos cuando se detecten. Subrayan que el empleo del hogar no es un favor, sino un trabajo, y que los derechos de las trabajadoras son responsabilidad de toda la comunidad.
Por último, los manifiestos se dirigen a las propias trabajadoras para que se organicen, conozcan sus derechos y pierdan el miedo a denunciar situaciones injustas. En varios actos se ha insistido en la importancia de asociarse, participar en redes de apoyo y acudir a entidades sociales o sindicatos cuando se detectan irregularidades.
El conjunto de campañas, concentraciones y testimonios que se han sucedido en ciudades como Zaragoza, Burgos, Aranda de Duero, Briviesca, Ponferrada, Astorga, Palencia, Salamanca, Zamora, Ciudad Rodrigo o Ávila dibuja una misma fotografía: las trabajadoras del hogar sostienen cada día hogares, familias y cuidados, pero siguen enfrentándose a alta precariedad, contratos inexistentes, jornadas interminables y escaso reconocimiento. Aun con los avances normativos logrados, las organizaciones coinciden en que queda camino por recorrer para que esta profesión sea tratada como lo que es, un pilar básico del bienestar social que merece derechos completos, estabilidad y respeto.